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Por JUAN JOSÉ FEIJOO

La imagen de nuestra monarquía ahora mismo no tiene nada que ver con esas estampas veraniegas de la Familia Real, a la que estamos acostumbrados al llegar el estío. El “asunto Urdangarín” ha supuesto un revés para esa buena imagen.

El duque de Palma y consorte de la infanta Cristina está como se dice, en la cresta de la ola, aunque por otros motivos distintos a los que él hubiese deseado.

Precisamente, como ya recogimos en la revista, la Casa Real ha hecho público un comunicado aclarando el concepto de Familia Real, ante la proliferación de informaciones relacionadas con la reducida participación en actos oficiales de las infantas y especialmente, la duquesa de Palma.

Claro que dicho comunicado no ha hecho otra cosa que aludir al Real Decreto 2917/1981 de 27 de noviembre sobre el Registro Civil de la Familia Real y cuyo artículo 1, dice textualmente que “en el Registro Civil de la familia real se inscribirán los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como cualquier otro hecho o acto inscribible con arreglo a la legislación sobre Registro Civil, que afecten al Rey de España, su augusta consorte, sus ascendentes de primer grado, sus descendientes y al Príncipe heredero de la Corona”.

Y mientras las cosas no cambien, decisión que está facultada al ejecutivo, dicha disposición tiene plena vigencia y el esposo de la infanta es miembro de la primera familia española, aún en el caso de que pudiese optar por renunciar a sus títulos y honores-otorgados por el Rey por vía de gracia en virtud de su matrimonio con la infanta (Real Decreto 1368/87 sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la familia real y de los regentes)-, pues seguiría siendo consorte de la hija del monarca.

Y mientras S.A.R. don Felipe de Borbón no acceda al trono como Felipe VI y por lo tanto constituya “su” Familia Real, junto a su esposa, sus hijos y sus futuros consortes, el duque de Palma es miembro de la Familia Real de nuestro monarca don Juan Carlos.

Lo que sucede es que una vez más, aprovechando la congruencia de la actualidad monárquica, es bueno insistir que teniendo en cuenta que últimamente las Cortes españolas están metiendo el bisturí en nuestra Carta Magna, no estaría de más retomar el tema de la sucesión en la Corona (artículo 57) y adaptarla a los nuevos tiempos, máxime ahora que se reclama (y regula) por doquier la igualdad entre hombres y mujeres, y facilitar el mecanismo para que pueda acceder al trono una reina que reine, dado, como todos sabemos, que actualmente en nuestra Constitución se contempla que “se seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer…”  y es que además el citado artículo 57- punto tres- de la Constitución, contempla que “extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona la forma que más convenga a los intereses de España”.

No cabe duda que, como comentamos, la imagen de  nuestra monarquía parlamentaria de un tiempo a esta parte, tiene gafe con los duques. Primero el de Lugo, Jaime de Marichalar, con su divorcio de la infanta Elena- que ya consta en el Registro Civil de la Zarzuela y por lo tanto no pertenece “de facto” a la Familia Real- y que también ocupó bastante espacio en medios de comunicación y ahora con el duque de Palma, Iñaki Urdangarín y su implicación en diversas actuaciones anómalas relacionadas con sus actividades profesionales.