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Por JUAN JOSÉ FEIJOO

Al hilo del comentario de Carlos Fuente en su blog, queremos abundar en el tema, pues para cualquier profesional del protocolo, aquellas mejoras, novedades o determinaciones que se adopten y redunden en mejora del ejercicio de nuestra actividad, siempre son magníficamente recibidas.

Nos estamos refiriendo a las expectativas que deparan los nuevos tiempos políticos consecuencia del cambio de Gobierno y, por lo tanto, la renovación de su estructura y cargos institucionales. Y si se produce una mudanza en la Moncloa y el nuevo inquilino tiene criterios distintos al anterior, éstos se verán reflejados en el diseño de la nueva línea política y aquí es donde confiamos tener una nueva oportunidad los que estamos adscritos a esta “rama” profesional, que antes decíamos, y que se llama protocolo.

Por eso, no perdemos la esperanza de que la Administración de Mariano Rajoy asuma la propuesta que reiteradamente hemos venido haciendo a Gobiernos anteriores y relacionada con la actualización de la normativa que regula el protocolo oficial en esta diversificada España.

Como antecedentes, nos remontamos al primer Congreso Internacional de Protocolo, celebrado en 1995, donde, entre sus conclusiones, ya ponía de relieve que era preciso “una actualización de la legislación vigente en materia de protocolo que ponga al día la ordenación de autoridades”. Y aunque esta ha sido una constante cada vez que se produce un encuentro de profesionales, aludimos a otro congreso, el séptimo, celebrado en Zaragoza y en el que se apremiaba esa puesta al día de la normativa estatal.

Y precisamente, haciéndose eco de esta nueva reivindicación, un diputado en Cortes del Partido Popular,  reelegido en esta nueva legislatura, Celso Delgado, había formulado sendas preguntas al Gobierno a través del Congreso, haciéndose eco, como decimos, de esta preocupación de los profesionales del Protocolo. Como nos hicimos eco en su día, desafortunadamente, el Gobierno socialista no aportó nada nuevo, dejando todo como estaba y anunciando además que no estaba prevista ninguna actualización del Real Decreto 2099/83 de 4 de agosto. Eso sí, la respuesta gubernamental hacía hincapié a que esa disposición era una norma de referencia indiscutible en materia de protocolo oficial, que en su momento había sido innovadora y que había “cubierto un vacío”.

Y, precisamente, ese vacío también existe ahora mismo y eso es lo que queremos erradicar. En las Jornadas Monográficas de Protocolo, desarrolladas en Santiago de Compostela en septiembre del 2010, los expertos de protocolo de toda España allí reunidos firmamos unas conclusiones elevando una propuesta a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, para la creación de una Comisión de expertos compuesta por los redactores del ROGPE y expertos en Protocolo que representen a las Administraciones General del Estado, Autonómica, Local, Foral e Insular. Su objetivo sería preparar una propuesta de modificación/actualización del obsoleto Real Decreto y, al mismo tiempo, invitar a las Comunidades Autónomas que no tiene normativa propia de protocolo, la aprueben en un plazo prudencial.

Con todo esto, por eso ahora renovamos la confianza en los nuevos dirigentes institucionales con competencia en esta materia, para que asuman estas propuestas que, por otra parte, sólo aspiran a disponer de una normativa actualizada y moderna y cuya aplicación evite las discrepancias interpretativas que ahora mismo está produciendo, y cuando por encima, la práctica totalidad de las Autonomías cuentan con legislación propia reguladora de esta materia en su ámbito, lo que siempre acaba derivando en  una babel protocolaria.