El anteproyecto de la ley de Transparencia en la que trabaja el Gobierno incluye un estricto control de los regalos institucionales para evitar que los altos cargos de la administración “acepten obsequios que superen los usos habituales, sociales o de cortesía que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”.
El texto, que será público durante 15 días para que los ciudadanos puedan plantear sus aportaciones, hace mención a las atenciones dispensadas al presidente, vicepresidente, ministros, secretarios de estado y asimilados. Además señala, que si las dádivas superan los límites de la cortesía y los usos sociales “se procederá a su incorporación al patrimonio del Estado”.
Estos preceptos se incluyen en el apartado del Buen Gobierno, que recoge los principios éticos y de actuación de altos cargos, además de las infracciones y sanciones en el caso de incumplimientos.
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